QUÉ NOS PASA…?

FUENTE: PERÚ 21

¿País ingobernable?

Los problemas del Perú no empezaron el 28 de julio de 2006. Pero tampoco se puede negar que en muchos aspectos las cosas están empeorando. La decisión del Gobierno de no considerar al Cusco como sede de APEC está basada en el supuesto de que no pueden impedir que los eventos que se iban a realizar en esa ciudad sean boicoteados por los revoltosos. Esto en base a lo ocurrido en las últimas semanas, donde se paralizó el aeropuerto en varias oportunidades, no circularon los trenes a Machu Picchu y los caminos estuvieron bloqueados. En una palabra, el Estado peruano está reconociendo que es incapaz de mantener funcionando el segundo aeropuerto del Perú en cuanto a número de vuelos, que no puede garantizar que la vía férrea al principal atractivo turístico del país esté despejada y que no puede responder por la seguridad de los visitantes de APEC. Es decir, que no gobierna en el Cusco, por lo menos en asuntos básicos. No es poca cosa que el Estado reconozca eso ante todo el mundo, al admitir que no puede realizar los eventos de APEC allí. GOBERNABILIDAD. La teoría sobre la gobernabilidad fue formulada en 1975, en un texto de la Comisión Trilateral (América, Europa y Asia) escrito por el norteamericano Samuel Huntington, el francés Michel Crozier y el japonés Joji Watanuki, “La crisis de la democracia”. En resumen, lo que plantean los autores es que el problema reside en que “las demandas sobre el gobierno democrático crecen, mientras la capacidad del gobierno democrático se estanca”. Existe una sobrecarga de demandas que el Gobierno está imposibilitado de atender. Hay muchas razones que explican esa situación, entre otras que la democracia se ha expandido y los reclamos de la población han crecido mucho más rápido de lo que las instituciones -muchas veces atrofiadas- pueden atender y de lo que la economía puede procurar. Antes, en 1968, en El orden político en las sociedades en cambio, Huntington había sostenido provocadoramente que el mundo no se divide en países capitalistas y comunistas, desarrollados y subdesarrollados, sino en países que tienen gobierno y países que no lo tienen. Desde otra perspectiva, la ingobernabilidad es un problema político, producto de “una crisis de gestión administrativa del sistema y de una crisis de apoyo político de los ciudadanos a las autoridades, a los gobiernos” (Gianfranco Pasquino). ZONAS LIBERADAS. Lo que acaba de suceder con el Cusco es un hito más en un largo camino. En el Perú existen, por ejemplo, zonas liberadas del narcotráfico, como el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y, en parte, el Alto Huallaga. Allí el narcotráfico impone su ley, corrompe a las autoridades, asesina con toda impunidad a decenas de personas cada año, ataca cada cierto tiempo a las fuerzas del orden, tiene sometida a la población por el temor y el dinero, y desarrolla crecientemente su ilícito negocio. Puno es una región que se ha convertido también en tierra de nadie. El contrabando y el narcotráfico prosperan con toda libertad. La minería informal ha sentado sus reales en extensas áreas, contaminando aguas y tierras sin que nadie sea capaz de impedirlo. La trata de personas funciona a vista y paciencia de todos. Los linchamientos han dejado de ser inusuales. Hace pocos días una turba asesinó a un padre y su hijo en Ilave, sin que nadie se ocupara del asunto. ¿En el VRAE, el Alto Huallaga o Puno se aplican la Constitución y las leyes?, ¿el Gobierno ejerce su autoridad? Obviamente no. REGIONES. En otro plano, el conflicto entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales se está saliendo de cauce. Hace poco, diecisiete autoridades regionales decidieron no aplicar la norma sobre el tercio superior dictada por el gobierno central. Al final, se salieron con la suya y el Poder Ejecutivo retrocedió. Hoy día los presidentes regionales de Tacna y Cusco dicen que tampoco van a aplicar la norma dictada por el Gobierno sobre quién debe evaluar a los maestros. Esta semana el gobierno regional de Puno ha publicado una ordenanza regional mediante la cual pretende legalizar el cultivo de la hoja de coca -que va casi en su totalidad a la fabricación de cocaína-, e impedir su erradicación. Todo eso contraviniendo la Constitución y las leyes. En diversas partes del país se están realizando seudoconsultas populares, sin el más mínimo respeto a las condiciones más elementales de imparcialidad y transparencia, para impedir el desarrollo de proyectos mineros. Los opositores a la minería son los que convocan, ponen las preguntas, cuentan los votos y dan los resultados, que siempre son iguales a los de la Cuba de Fidel y Raúl: noventaitantos por ciento. La última ha sido en Candarave, Tacna. Ahora los llamados frentes regionales amenazan con paros y disturbios para traer abajo la llamada ley de la selva. RETROCESOS. La violencia y las víctimas que trae aparejada esta situación están también aumentando. En los disturbios de mediados del año pasado murieron doce personas, y en los de los últimos días cinco, según la fiscal Gladys Echaíz. Diecisiete personas fallecidas en diez meses en tumultos. No es poco. Todo esto ocurre mientras la economía crece de manera espectacular. No le falta razón a Lourdes Flores cuando dice que el gobierno está fallando en la gestión y la política. Por supuesto, no se pueden atribuir todos los males que ocurren al presidente Alan García y su gente. Los problemas del Perú no empezaron el 28 de julio de 2006. Pero tampoco se puede negar que en muchos aspectos las cosas están empeorando y que, a pesar de la bonanza económica y la abundancia de recursos que posee el Estado, el Perú se está volviendo más ingobernable que antes. Lo ocurrido en el Cusco con la reunión de APEC es un ejemplo de ello. El presidente Alejandro Toledo, criticado por ser débil y ridiculizado por Alan García y los apristas, pudo hacer -sin mayores contratiempos- una reunión de jefes de Estado en el Cusco, a pesar de las amenazas y las movilizaciones de los grupos radicales. Ahora Alan García no va a poder hacer una reunión de ministros de turismo. Avanzar en hacer más gobernable el país implica practicar una política democrática, escuchar a la gente, dialogar, concertar y atender las demandas razonables y posibles de ser resueltas. Y al mismo tiempo actuar con energía y hacer respetar la ley y el orden, con un uso adecuado y proporcionado de la fuerza. Alan García no hizo eso durante su primer gobierno. No lo está haciendo ahora. ¿Cambiará?